Proceso de paz en el Salvador.

En Octubre de 1989, el Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Javier Pérez de Cuellar, informó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en la Ciudad de México entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para entablar un proceso de diálogo con el objeto de poner fin por la vía político al conflicto en El Salvador. En diciembre de 1989, en forma separada, el Gobierno del Presidente Alfredo Cristiani y el FMLN pidieron al Secretario General que les asistiera en la búsqueda de la paz. Esta idea también quedó reflejada en la declaración de los cinco presidentes centroamericanos en una reunión en San José, Costa Rica, en el mismo mes.
Los esfuerzos del Secretario General y de su representante personal para Centroamérica, Sr. Álvaro de Soto, se orientaron a buscar un formato que permitiera impulsar el proceso que se establecía bajo sus buenos oficios con el objeto de obtener el fin del conflicto armado en El Salvador. Tal marco quedó establecido en el llamado Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, que señaló los cuatro objetivos del proceso:

a. Terminar el conflicto armado por la vía política;
b. Impulsar la democratización del país;
c. Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos; y
d. Reunificar a la sociedad salvadoreña.

Una vez convenido el Acuerdo de Ginebra, las partes diseñaron una Agenda General y un calendario del proceso de negociación que fue firmado en CaracaS el 21 de mayo de 1990. ahí se establecieron dos fases del proceso: acuerdos políticos en varios campos que  permitieran el cese del enfrentamiento armado y luego el establecimiento de garantías y condiciones necesarias para la reincorporación del país. Conseguidas dichas garantías, se procedería a la discusión de otros acuerdos políticos que hubieran quedado pendientes.

El 26 de julio de 1990, las partes firmaron el primer Acuerdo en el proceso de negociación relacionado con el respeto irrestricto a los derechos humanos, que fue suscrito en San José y que lleva su nombre. El Acuerdo de San José fue luego la pieza fundamental para la creación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) por resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad, que la estableció como una misión integrada para supervisar todos los acuerdos políticos celebrados entre el FMLN y el GOES, pero cuyo mandato, en su primera fase, quedaría circunscrito a la verificación de dicho Acuerdo.

Tanto el Acuerdo de San José sobre derechos humanos como la resolución 693 (1991) que creaba a ONUSAL fueron hechos sin precedentes en la historia de las Naciones Unidas. Es verdad que algo de la experiencia vivida en el proceso que llevó a la independencia de Namibia había sido incorporado en la resolución, al establecer la Misión como un ente integrado que incluirá personal civil y militar e incluso policial, pero la realidad de Namibia era distinta a la de Centroamérica por cuanto aquella correspondía a un país en una situación semicolonial. Era la primera vez que Naciones Unidas establecía una misión con un triple componente: una División de Derechos Humanos, otra Militar y una tercera de Observadores Policiales para verificar los acuerdos políticos a que llegaran de dos partes en un conflicto interno, en una negociación para la obtención de la paz bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas.

Durante las discusiones en el proceso de diálogo-negociación afloró uno de los verdaderos problemas que había originado el conflicto: la distribución de la tierra en un país pequeño y densamente poblado. En efecto, a medida que se lograban avances en la negociación, se hizo evidente que era menester enmendar la Constitución para incorporar los acuerdos en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Se planteó entonces una alternativa: o bien se modificaba el artículo de la Constitución que establecía, precisamente, el mecanismo para modificarla de manera que se pudieran incorporar las enmiendas en el futuro, o se procedía a la modificación puntual de los artículos que se referían a los temas bajo discusión en la Mesa y que era necesario alterar. Se desató una fuerte polémica que dejó entrever la aprehensión de un sector importante del país que veía en este proceso un peligro para sus intereses económicos: la posibilidad de que se modificara la norma constitucional que establece una extensión mínima intocable de tierras.

La situación de la reforma constitucional ocasionó la primera crisis en el proceso de negociación. El hechos de que las modificaciones deberían ser aprobadas por la Asamblea Legislativa saliente, cuyo mandato expiraba el 30 de abril, para poder ser ratificadas por lanuela Asamblea a partir del 1° de mayo, impuso un calendario fatal que obligó a una maratónica negociación cuando se optó por la alternativa de las reformas puntuales a la Constitución.

El Acuerdo de México del 27 de abril de 1991 estableció reformas constitucionales para la Fuerza Armada, para el sistema judicial y de derechos humanos y para el sistema electoral. Creó, además, la llamada para la investigación de los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, . La asamblea Legislativa saliente aprobó las reformas la noche del 30 de abril, en forma dramática, en la última noche de su mandato. Sin embargo, la nueva Asamblea Legislativa ratificó todas las enmiendas. A excepción de las relacionadas con la Fuerza Armada, que dejó pendientes, a resultas de la negociación en dicho punto que se convertiría luego en el llamado y que ocasionaba la segunda crisis en el proceso de negociación.

El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente ONUSAL a lo largo y a lo ancho del territorio salvadoreño, para la verificación del respeto irrestricto a los derechos humanos. Antes, a partir del 1° de enero, se había establecido una Oficina Preparatoria con el objeto de evaluar la situación en el país y apoyar los buenos oficios del Secretario General en la negociación. El Acuerdo de San José disponía una verificación de Naciones Unidas luego de un cese del enfrentamiento armado, pero, con posterioridad, ambas partes solicitaron al Secretario General el establecimiento de la Misión propiamente dicha sin esperar el cese del fuego. El Secretario General envió una Misión Preparatoria, y con sus recomendaciones informó al Consejo de Seguridad, el que, por resolución 693 (1991), del 20 de mayo de 1991, estableció la Misión, la que tenía desde su instalación todos los elementos con que contaría en el futuro: funcionarios de derechos humanos, abogados, educadores, observadores  militares y observadores policiales.

Aunque la División de Derechos Humanos era sólo el primer elemento de una operación integrada, marcó, sin embargo, el carácter predominante de la Misión, que se identificó plenamente con el tema de la defensa de los Derechos Humanos. Vista ahora, en perspectiva, la decisión de establecer la Misión de Verificación de Derechos Humanos en ausencia de una cese del enfrentamiento armado, se puede concluir, fue sabia, ya que coadyuvó precisamente a que las partes pudiesen llegar a los acuerdos finales de Nueva York, puesto que el despliegue de Naciones Unidas en el terreno y la vigilancia activa del respeto a los derechos humanos constituyeron un factor disuasivo que mejoró la situación interna del país y preparó el, como rezaba el afiche que se confeccionó con ocasión de la inauguración de la Misión.

Luego de los Acuerdos de México se produjeron innumerables encuentros entre el GOES y el FMLN, sin que se pudiesen registrar avances significativos en el proceso. Se había producido la segunda crisis. El FMLN exigía, para proceder al cese del enfrentamiento armado, el otorgamiento

de garantías que le permitieran su reinserción en la sociedad civil en un ambiente de legalidad y seguridad. Era menester para ello comprimir la agenda adoptada en Caracas, de manera que se pudieran atacar todos los temas pendientes, discutiéndose en forma simultánea las especiales características que tendría un cese del enfrentamiento armado dentro de la realidad política y territorial de El Salvador.

Los cancilleres de los Estados Unidos de Norteamérica y de la entonces Unión Soviética pidieron al Secretario General que se involucrara directamente en el proceso, a efecto de romper la impasse que se había producido. El Secretario General estimó que el problema no era de carácter procesal, sino estructural, y que era menester encontrar una solución que permitiera otorgar las garantías suficientes que solicitaba el FMLN.

Coincidiendo con la participación del Presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas, se logró el Acuerdo de Nueva York, y se desató el llamado nudo gordiano mediante la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la paz (COPAZ), y el acuerdo en principio sobre determinados puntos de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil y del tema económico y social. El Acuerdo de Nueva York abrió el camino a la obtención de la paz definitiva.

La comisión Nacional para la Consolidación de la Paz. (COPAZ) se constituía en el mecanismo de supervisión de los acuerdos entre el FMLN y el GOES, en forma paralela a la propia ONUSAL, con la diferencia de que mientras esta era un organismo internacional, aquella era un mecanismo interpartidario con representación de todas las tendencias políticas representadas en la Asamblea Legislativa. No fue suficiente, empero, el impulso a la negociación dado por el Acuerdo de Nueva York. Surgieron fuertes corrientes de rechazo y de critica al Presidente y al Gobierno por haber accedido a viajar a Nueva York y a dar su visto bueno a los acuerdos. Esta oposición a la negociación vino acompañada de una campaña intimidatoria a la prensa internacional, a ONUSAL y a otras organizaciones acreditadas en El Salvador. Las legaciones se encontraban en ese momento en su segundo intento de llegar a acuerdos en San Miguel de Allende (México), cuando fueron requeridas para trasladarse a Nueva York, donde se emprendió una jornada intensa de negociaciones que concluyó, como es sabido con la firma del Acta de Nueva York, en la que las partes reconocieron haber alcanzado un acuerdo sobre todos los aspectos que se encontraban pendientes y convinieron en establecer un cese del enfrentamiento armado del 1° de febrero al 31 de Octubre de 1992. Se anunció que el acuerdo final de paz sería firmado en la Ciudad de México. El 16 de enero de 1992

2. El acuerdo de paz del 16 de enero de 1992

Entre los acuerdos alcanzados en Chapultepec destacan el relativo al cese del enfrentamiento armado, el de la nueva Policía Nacional Civil y el tema económico y social. En base justamente al estos nuevos elementos, el Secretario General informó el 10 de enero al Consejo de Seguridad la necesidad de variar el mandato original de ONUSAL, aumentándolo

con dos divisiones adicionales: una de observadores militares que verificaría, básicamente, el cese del enfrentamiento armado y determinados acuerdos relativos a la Fuerza Armada, y los observadores policiales, que cooperarían con la actual Policía Nacional en el mantenimiento del orden público durante el período de transición, en el que se procedería a crear la nueva Policía Nacional Civil. El Consejo de Seguridad, mediante resolución 729 (1992), del 14 de enero de 1992, decidió ampliar ONUSAL, dotándola de una nueva División de Observadores Militares y otra de Observadores Policiales para llevar a efecto la tarea de verificación que dicho Acuerdo le encomendaba.

La paz en El Salvador fue posible por la voluntad política de ambas partes en el conflicto, que pidieron la intervención del Secretario General, quien fue el catalizador del proceso y contó para el feliz desempeño de su papel con el apoyo de la comunidad internacional, expresada en sendas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y, especialmente, por la cooperación y la ayuda que le brindaron en todo momento los Jefes de Gobierno de Colombia, España, México y Venezuela –los - y sus representantes diplomáticos acreditados en El Salvador y ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

3. Los Factores Internos

El anhelo de paz del pueblo salvadoreño
A medida que transcurría el conflicto bélico, el anhelo de paz fue creciendo en la conciencia colectiva del pueblo salvadoreño. Al final, el convencimiento de que la alternativa más razonable para acabar con el conflicto era la negociación, se generalizó en la mayoría de sectores de la población. Un hito importante en este proceso, fue la realización del debate nacional por la paz, a mediados de 1988, organizado por el arzobispado de San Salvador. A partir de este evento, el proceso histórico del país entró en un "estado de diálogo nacional", según lo definió en su oportunidad el padre Ignacio Ellacuría al interpretar el progresivo protagonismo que fueron adquiriendo las fuerzas sociales en la búsqueda de la solución política al conflicto. Al principio del conflicto armado, en 1981 el término "diálogo" era una palabra repudiada; la sola insinuación de la conveniencia de dialogar con el FMLN, podía implicar a quien lo propusiera el ostracismo social y político, cuando no, la cárcel y la muerte. Paulatinamente, sin embargo, gracias a los esfuerzos de distintas fuerzas sociales para configurar una "tercera" fuerza que obligara a las partes involucradas directamente en el conflicto a poner los intereses generales del país por encima de sus intereses particulares, la racionalidad de la solución negociada se fue cimentando en la conciencia nacional

El proceso de diálogo en El Salvador
La necesidad histórica del proceso de diálogo se fundamenta no sólo en consideraciones abstractas, sino sobre todo en las exigencias de la realidad misma, las cuales se manifiestan de múltiples formas. Esta necesidad histórica no significa que forzosa y fatalmente se vaya a dar un diálogo quiéralo o no los agentes sociales, sino que más bien significa que el diálogo se presenta como un medio necesario, ineludible, para que El Salvador termine con la guerra y empiece con la paz de la forma más razonable, más justa, más eficaz.

Las consideraciones abstractas fundamentales se resumen en que la violencia armada y la guerra, sobre todo si es continuada y causa gravísimos daños a inocentes, deben dejar paso a otro tipo de soluciones y sólo puede recurrirse a ellas cuando se ha fracasado en ese otro tipo de soluciones.
Pero la fuerza de la argumentación a favor de la necesidad histórica del dialogo no está tanto en justificaciones abstractas o en la refutación de las razones de quienes se oponen a ella, sino en el análisis de la realidad histórica, tal como esta se ha venido dando desde 1980 hasta hoy.

Los cambios en la derecha civil
Un desarrollo clave que abrió el camino hacia las negociaciones con el FMLN fue la trasformación gradual de ARENA en un partido civil, de amplia base, representativo de la empresa privada, de las clases medias y de sectores pobres de ideología conservadora.

A pesar de que en sus inicios fue fundado por elementos pro-militaristas financiados por miembros de la derecha salvadoreña radicados en Miami y Guatemala, ARENA llegó a ser con el tiempo expresión de una amplia gama de intereses y grupos económicos. La comunidad empresarial, frustrada por su incapacidad de influir decisivamente en las políticas económicas desarrolladas bajo la presidencia de Duarte, gradualmente se unificó en torno al partido ARENA. Fue la primera vez en la historia del país que las clases capitalistas salvadoreñas se aliaban alrededor de un partido único. Sobre la base de esta alianza, una imagen más moderada y un programa económico de libre mercado, ARENA se convirtió paulatinamente en un serio competidor electoral, lo que le allanó el camino para sus victorias en las elecciones de 1988 y 1989.

Paralelo a este proceso, los costos de la guerra se combinaron con cambios estructurales y generacionales dentro del sector empresarial que llevaron a ARENA a negociar con el FMLN. Hacia finales de los ochenta, los empresarios comenzaron a tomar plena conciencia de que la guerra y la violencia asociada a ella, estaban obstaculizando la realización de sus intereses económicos. Hasta ese momento, el FMLN había ocasionado daños económicos por cerca de 2 mil millones de dólares, había destruido virtualmente la industria del algodón y había dañado severamente la mayor parte de las áreas de la actividad económica del país. Los constantes sabotajes a la red eléctrica, el derribo de postes y los ataques a las instalaciones de generación de electricidad, ocasionaron grandes costos al interrumpir periódicamente la producción industrial.

Los paros al transporte provocados por el FMLN llegaron a ser frecuentes y efectivos. En 1987 realizó siete paros, de siete días seguidos cada uno. Entre 1979 y 1980, más de dos mil camiones y 30 mil autobuses fueron dañados o destruidos en ese tipo de acciones. Debido al daño a la infraestructura eléctrica y al derribo de puentes, las acciones del FMLN ocasionaron costos directos por más de mil millones de dólares para reparar o reemplazar equipo e infraestructura. Sumados a estas pérdidas directas estaban también los serios costos de oportunidad. En el marco de las discusiones hemisféricas sobre el libre comercio, el sector empresarial percibió que la inversión extranjera en el país podría incrementarse si la guerra finalizara. La idea de una solución negociada adquirió entonces relevancia, a pesar de las preferencias de los militares por la solución militar.

Por otra parte, los secuestros de empresarios, a mediados de los ochenta, llevados a cabo por militares y civiles asociados a ARENA, provocaron que muchos empresario le retiraran el apoyo a la agenda represiva de los militares y de los miembros de línea dura del partido. Entre los cabecillas de la banda de secuestradores estaba el Coronel Roberto Mauricio Staben, quien había sido capturado con el mayor Dabuisson en mayo de 1980 y cuyo nombre aparecía repetidamente en los documentos desclasificados de la CIA como líder y promotor de los escuadrones de la muerte. En el momento de su arresto, Staben comandaba el Batallón Arce. Otros arrestados incluían al ex teniente Rodolfo Lopez Sibrian, al Mayor José Alfredo Jiménez y Orlando Llovera Balette, empresario y miembro de ARENA. López Sibrian, quien había participado en el asesinato de dos asesores norteamericanos de la reforma agraria en enero de 1981, es el único que permanece en prisión actualmente. El coronel Staben, fue liberado después que oficiales pertenecientes a la "tandona" Ejercieron presión sobre el gobierno. Otros militares implicados en los secuestros huyeron fuera del país, justo antes de ser arrestados. Los secuestros y el fracaso en capturar y castigar a los implicados provocaron un efecto devastador dentro de la comunidad empresarial. El efecto inmediato fue profundizar su desconfianza hacia los militares. Además, la participación en esos delitos de miembros de ARENA, afectó negativamente a la corriente de línea dura dentro del partido, aumentando el prestigio de los moderados como Alfredo Cristiani, quien era más representativo del sector empresarial que los miembros fundadores, militaristas y vinculados en una u otra forma a los escuadrones de la muerte. Durante los años 1987 y 1988, los fundadores de línea dura del partido ARENA, los cuales querían preservar al partido como una organización anticomunista extrema, se involucraron en un intenso debate con la emergente fracción de los moderados, quienes sostenían posiciones más pragmáticas y representaban al sector modernizante de la comunidad empresarial. El desenlace del debate se dio cuando, sorprendentemente, el mayor D’abuisson, fundador y líder de la línea dura, respaldó a Cristiani, quien fue electo presidente del partido y llegó a ser candidato a la presidencia en 1989. Este predominio del sector civilista y moderado en ARENA, a finales de la década pasada, fue determinante en la creación de condiciones para el inicio del proceso de negociación que culminó con los acuerdos de paz

RECORDANDO LOS ACUERDOS DE PAZ DE EL SALVADOR - PORTADA DEL PERIÓDICO HACE 20 AÑOS

Imagen del recuerdo, sobre la portada del Diario de Hoy, un día después de haberse firmado los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. La tan ansiada paz.